Baltasar Garzón y Ricardo Lozano, ¿héroes o villanos?

Sospechamos de estos dos hombres, empecemos por ahí. Sospechamos de cómo entienden qué es ocupar un cargo público,en el caso de Lozano, y ser funcionario de justicia, en el caso de Garzón. Es legítimo sospechar de personas que están imputadas en varios procesos.
A nuestro modo de ver ambos están ofreciendo muy mala imagen de sí mismos y, aunque ahora estén probando sus propias medicinas, hasta el momento han dado muy mal ejemplo. Han hecho creer a sus compañeros de profesión que es posible imponer criterios personales y, de paso, enriquecerse desde un despacho público.

UN SUPER-JUEZ
El juez Baltasar Garzón es un hombre indiscutiblemente mediático y capaz de agitar conciencias. Es oportuno, tiene visión y conecta con el sentir de muchos ciudadanos españoles. En estas líneas no vamos a cuestionar sus dotes en este sentido,sino a tratar de poner de manifiesto que su condición de funcionario público, de la justicia para más INRI,está reñida con tanta estrategia. Es cierto que todos empapamos de estrategia nuestros actos, podrán replicar algunos en contra de nuestra tesis,pero un juez de la Audiencia Nacional, por encima de todo, tiene que respetar las leyes y cumplirlas sin permitirse ´adaptarlas´ a su conveniencia para su mejor lucimiento personal.
En estos momentos, el juez Garzón está en boca de todos por cuestiones políticas, pero no porque exista un complot reaccionario contra su persona como argumentan sus partidarios (casi podríamos hablar de adeptos), sino, precisamente, porque muchas de sus actuaciones partieron de premisas políticas y, en ocasiones, pusieron en peligro los cimientos del sistema legal de un estado de derecho como el español.
El juez, número dos en las listas electorales de Madrid, justo detrás de Felipe González,en las elecciones generales de 1993, entró en política para ´limpiar´ la imagen corrupta del gobierno socialista.Durante un tiempo fue delegado del Plan Nacional sobre Drogas,pero abandonó ´la cosa pública´ poco después de que Juan Alberto Belloch se hiciese con las riendas de Justicia e Interior.A partir de entonces, Garzón aprendió la lección y ha sabido conjugar su talante de juez-estrella con un eficaz instinto de supervivencia, que le ha llevado a congraciarse con los sucesivos gobiernos. Estrategia, una vez más.Lo que es discutible es que sea lícito pasar a la intrahistoria, que diría Unamuno, desde el despacho del Juzgado Central de Instrucción número 5.

MEMORIA HISTÓRICA
Tras dos años de diligencias previas, el 16 de octubre de 2008 Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones que se produjeron durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo e instruyó la apertura de 19 fosas comunes.La justificación jurídica de su iniciativa partía de la base de que los crímenes de guerra no habían prescrito, y la ´filosófica´ venía a sostener que las heridas históricas se habían cerrado en falso y que las familias de los desaparecidos tenían derecho a enterrar a sus muertos. Romanticismos aparte, todas las vertientes del proceso eran discutibles. Los crímenes habían prescrito y las heridas se cerraron con el consenso de las fuerzas democráticas de la Transición, que promulgaron la Ley de Amnistía de 1977. En cuanto a los derechos de las familias, si bien es cierto que muchas de ellas se mostraron vivamente agradecidas, una tan significativa como la de Federico García Lorca quiso negarse,pero tuvo que pasar ´a la fuerza´ por el bochorno de contemplar cómo se excavaba una fosa en la que, finalmente, no estaban los restos del gran poeta.

A LOS TRIBUNALES
Sin embargo,el quid de la cuestión, lo que finalmente ha llevado a Garzón a los tribunales, es que nuestro sistema legal no admite una causa que juzgue a personas que ya han fallecido, y los criminales de guerra ya no estaban entre los vivos.Ante las críticas, el juez llegó a solicitar, en un acto de soberbia espectacular, el certificado de defunción del dictador.Obtenido el mismo, no tuvo más remedio que inhibirse del caso un mes después de haberlo iniciado formalmente,cediendo el testigo a los juzgados de las provincias donde estaban las fosas.
Tras desestimar 17 querellas contra Baltasar Garzón, el Tribunal Supremo decidió por unanimidad (por unanimidad, no lo olvidemos) imputarlo por un delito de prevaricación, al considerar que había actuado a sabiendas de no ser competente. Instruye la causa Luciano Varela, un juez progresista que, curiosamente, está siendo acusado poco menos que de colaborar con los nostálgicos del régimen anterior.

Fresco del siglo XV encontrado en la aldea portuguesa de Monsaraz, que representa al buen y al mal juez. ¿Cuál de ellos es Baltasar Garzón?

EL CASO FAISÁN
Las actuaciones más partidistas que jurídicas de Garzón no se detienen en la Memoria Histórica. El pasado 15 de febrero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó una resolución que obliga a seguir investigando el ´chivatazo´ del bar Faisán,por el que la red de extorsión de ETA supo en mayo de 2006, en plena tregua, que estaba siendo vigilada y que debía cesar en su actividad para no echar por tierra las negociaciones con el Gobierno.
El Ministerio Público había pedido en octubre de 2009 al juez que archivara la causa,alegando que la instrucción no había podido esclarecer los hechos y que, por tanto, no era posible imputar a los agentes y mandos policiales implicados. Sin embargo, la Sala considera ahora que "la gravedad sin precedentes" de los hechos obliga al juez a actuar con "especial diligencia y celo" hasta "el agotamiento más allá de lo normal" de la investigación.
Los tres magistrados que dictan el fallo también instan a Garzón a practicar pruebas que había denegado a las acusaciones particulares.Había rechazado 32 diligencias,entre las que destacaba la petición de solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil un informe alternativo al presentado por la Policía Nacional, ya que se cuestionaba su imparcialidad al estar imputados en la causa su ex director general, Víctor García Hidalgo,un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.También deberá llamar a declarar a Carlos G., el inspector que realizó la investigación interna y redactó los informes en los que se concluye que el ´chivatazo´ partió de la cúpula policial, al que, curiosamente, el juez nunca había citado. Por tanto, la resolución no sólo es un varapalo para el Gobierno, particularmente para el ministro de Interior, sino también para Garzón, ya que salta a la vista que su actuación responde a criterios políticos.

Ocupado como está con su manipulación política de la justicia, Baltasar Garzón ha cometido distintos errores de bulto en los últimos tiempos

DERECHO DE DEFENSA
El caso Gürtel fue una bomba dirigida a la línea de flotación del Partido Popular, mediante la que Garzón, probablemente conchabado con el Gobierno al que ahora apoya porque toca, quería transmitir que los de Rajoy navegan en aguas corruptas. Más adelante, para disimular, se sacó de la manga el caso Pretoria, que salpicaba a algunos políticos menores del PSC y CIU.
Algunos de los procedimientos de Baltasar Garzón han dejado boquiabierto y aterrorizado al Consejo General de la Abogacía.El pasado 9 de octubre, dicho consejo denunciaba que el juez había autorizado la grabación de las conversaciones en prisión entre los imputados Francisco Correa y Pablo Crespo y sus abogados, a los que acusaba de formar parte de la trama.
Las escuchas, a todas luces ilegales, ponen en peligro uno de los pilares de la justicia democrática: el derecho de defensa, que protege la confidencialidad de toda comunicación entre un abogado y su cliente. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid hizo pública su intención de presentar una querella contra Garzón por las escuchas,pero más tarde alegó "que todavía no era el momento". ¿Por qué? Porque hay miedo. Porque saben cómo se las gasta y no quieren exponerse a sus represalias.

ERRORES DE BULTO
Ocupado como está con su manipulación política de la justicia,Baltasar Garzón ha cometido distintos errores de bulto en los últimos tiempos. En julio de 2008, el narcotraficante turco Sahin Eren fue puesto en libertad, tras dos años en prisión preventiva, porque el juez olvidó prorrogar su tiempo de detención. Ante semejante negligencia, Garzón se protegió decretando que Eren debía comparecer en el juzgado diariamente. Interior también montó un dispositivo para vigilarlo,pero el narco se fugó en abril de 2009.Un mes después,todavía no había decretado una orden de busca y captura.
A esta tremenda pifia se suma la fallida investigación del sumario de Abu Dadah,en el que Garzón no dio orden de traducir unas cintas que podrían haber contribuido a evitar la masacre del 11-M. Y todo ello aderezado con su cacería con Bermejo,entonces ministro de justicia, el mismo fin de semana en que se abría la operación Gürtel, los suculentos sobresueldos que supuestamente cobró durante su año sabático en Nueva York o la sospecha de que en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se producen filtraciones sumariales.

RICARDO LOZANO
La historia de Baltasar Garzón y la de Ricardo Lozano, director de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, tienen ciertos paralelismos, fundamentalmente por la arbitrariedad de sus actuaciones y porque imponen sus particulares criterios manejando dinero de todos los españoles, ya que cobran del erario público.
Hay que reconocer a la gestión de Lozano un gran acierto: poner en marcha el registro de seguros de vida,que ha permitido a muchas familias cobrar el dinero que legalmente les corresponde. El registro ha sido un éxito muy admirado, además, fuera de nuestras fronteras.
Su predecesora en el cargo,Pilar González de Frutos,no quiso ponerlo en marcha.Tal vez fue su pequeño-gran favor al sector antes de abandonar la DGS para regresar seis meses después convertida en presidenta de Unespa, la patronal del seguro. Es legítimo preguntarse si negoció el nuevo cargo en su despacho del organismo público. Como es igualmente legítimo preguntarse si Lozano no estará también planificando su retirada desde el mismo habitáculo, al menos su injusta y desproporcionada, sobre todo desproporcionada, actuación contra AMA, y más concretamente contra su ex presidente Diego Murillo, así lo sugiere.

La historia de Garzón y la de Lozano tienen ciertos paralelismos, fundamentalmente por la arbitrariedad de sus actuaciones

CASTIGO EJEMPLAR
Cuentan que Diego Murillo tuvo una fortísima discusión con el que era su director general en AMA,su número dos. Cuentan que ambos resolvieron la situación, que se había vuelto insostenible, como caballeros, jugosa indemnización de por medio, y el director general abandono la mutua. Cuentan que dentro de AMA se quedaron algunas personas que le eran leales. Cuentan que el susodicho mantuvo varias reuniones con Ricardo Lozano. Y cuentan que ahí empezaron los problemas para AMA y Murillo.
Después de varios meses de investigación y dos inspecciones consecutivas,la DGS inhabilita durante 20 años a Diego Murillo y a otros dos miembros del Consejo de Administración de la mutua, inhabilitación que fue ejecutada el 4 de diciembre de 2009. Además, obliga a dicho Consejo a abonar 2,5 millones de euros por los supuestos cobros indebidos entre 2004 y 2007.
Ante semejante castigo, en 2008 la asamblea de mutualistas muestra su apoyo a Diego Murillo y al Consejo de Administración. Un año después, la asamblea volvió a apoyar la gestión de Murillo,un hombre que consiguió multiplicar por cuatro el número de asegurados de la mutua al poco tiempo de su llegada al cargo. Aunque el daño estaba hecho, AMA decidió plantar cara a la DGS, y particularmente a Ricardo Lozano.

AMA CONTRAATACA: TRÍO DE QUERELLAS
El 27 de noviembre de 2009 la noticia saltó a la opinión pública: el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid admitía a trámite una querella contra el director general de Seguros, Ricardo Lozano, imputado por falsedades, revelación de secretos y prevaricación en su actuación contra AMA. El antiguo subdirector de Seguros, la ex auditora interna de AMA y su marido son acusados de los mismos delitos.
El 29 de enero de 2010 se admitía a trámite una segunda querella en la que la mutua de los profesionales sanitarios acusaba al director general de un delito de calumnias y otro continuado de prevaricación por unas declaraciones del 23 de diciembre de 2009, en las que se acusaba al Consejo de Administración de la aseguradora de haber desviado 40 millones de euros que pertenecían a sus mutualistas.
Por último, el Juzgado 51 asume otra querella en la que el expresidente y dos antiguos consejeros de AMA acusan a Ricardo Lozano de vulnerar el artículo 441 del Código Penal, al tener en su domicilio particular la sede de una empresa, Versus AFL, que apodera su mujer y que se dedica desde hace ocho años a la realización de trabajos y gestiones administrativas en régimen de apoyo a empresas, a la vez que comercializa sistemas informáticos para cálculos actuariales del sector del seguro, actividades expresamente prohibidas para los funcionarios públicos.

Aunque el daño ya estaba hecho, AMA decidió plantar cara a la DGS y particularmente a Ricardo Lozano. Se han admitido a trámite tres querellas contra él

¿Y AHORA QUÉ, SEÑORES?
Las reputaciones del señor Garzón y el señor Lozano están tocadas. Ambos han puesto en entredicho la seguridad jurídica, esa que debería garantizar a los españoles que la ley está por encima de la política. El primero dispone de una cohorte de incondicionales poco dispuesta a dejarse convencer por decisión judicial alguna.El segundo está más expuesto. Pero los dos deberían irse antes de que los echen.
Baltasar Garzón está a tiempo de salir por la puerta grande, abandonar la carrera judicial, canalizar su indudable talento político y rentabilizar su carisma en alguna asociación, fundación, partido político o laboratorio de ideas.
Por su parte, Ricardo Lozano podría aprovechar para buscar una salida que engrandezca y robustezca al sector del seguro, una salida que demuestre que sus intenciones no son,como dicen las malas lenguas, 'quedarse' con AMA.

UNA EXALTACIÓN ¿INTERESADA?
El pasado 13 de febrero, José Saramago publicó un artículo en el diario El País en el que exaltaba la figura de Baltasar Garzón. Comenzaba haciendo alusión a un fresco del siglo XV, encontrado en 1958 en la aldea portuguesa de Monsaraz. En él se representa a dos jueces, el justo y el injusto, el bueno y el malo. Saramago afirma que "nunca hubo una edad de oro para la justicia".
Paradójicamente, tras tan simbólica introducción, procede a emitir una soflama que asusta: "El destino del juez Baltasar Garzón está en manos del pueblo español, no de los malos jueces que un anónimo pintor portugués retrató en el siglo XV". Con todos los respetos, está exaltación del pueblo sobre la ley, cuando la ley emana de un estado de derecho, recuerda demasiado a los argumentos del ´chavismo´ o cualquier otro totalitarismo populista de ayer y de hoy. ¿No es curioso que el apologeta tenga bien nutridos los bolsillos por el grupo editorial desde el que escribe, el mismo que defiende a Garzón y al Gobierno? ¿No es curioso que hasta los adalides zzde la justicia tengan sus compromisos?

O CONMIGO O CONTRA MÍ

Son tales las ramificaciones políticas que rodean la figura de Garzón que Luciano Varela, instructor de la causa abierta contra el juez por el caso de la Memoria Histórica, está sufriendo una campaña de desprestigio por parte de los medios de la izquierda a la que, por cierto, pertenece.
También Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial, se ha visto salpicada.Plenamente dedicada a la función pública, rigurosa, honesta y coherente, Robles ha sido acusada de instigar el proceso contra Garzón,supuestamente resentida por enfrentamientos políticos durante la 'era Belloch".
Ahora Prisa la acusa de favorecer el amiguismo en los nombramientos judiciales. Además, la nieta de Juan Negrín, presidente de la II República en el exilio, ha solicitado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se abstenga de participar en la decisión sobre la suspensión cautelar del juez, al entender que incurre en falta de imparcialidad por haber jurado lealtad al Caudillo al entrar en la carrera judicial. Sin embargo,en el artículo de El País que reproducimos aparecen Dívar y el juez en actitud más que amistosa. Si Garzón piensa que el presidente del CGPJ es un fascista, ¿qué hace charlando con él? ¿Le conviene? ¿Busca algo?

EL ESPÍRITU DE UN MÉDICO
Diego Murillo es médico especialista en Ginecología y Obstetricia, profesión que ejerció durante años en su Galicia natal y por la que ha obtenido numerosos premios y reconocimientos.
Los médicos, y muy concretamente los obstetras, deben tomar decisiones rápidas, de las que en ocasiones depende una vida. Un médico no es un burócrata, por mucho que a algunos los hagan trabajar como tales.
Tal y como demuestra el apoyo que reiteradamente ha recibido de sus mutualistas, la gestión de Murillo al frente de AMA ha sido un éxito. Sin embargo, su talante tal vez lo haya llevado a descuidar el flanco del supervisor, a mantenerlo más al margen de sus decisiones de lo que hubiese sido aconsejable. Diego Murillo llegó a AMA y se dedicó engrandecerla, y olvidó que a la Dirección General de Seguros le gusta estar al tanto de lo que sucede en el sector que regula. No obstante, si la intención era acabar con la carrera del señor Murillo, les ha salido el tiro por la culata: han creado un líder.

UN PRECEDENTE A TENER EN CUENTA
Más allá de si ha cometido o no pequeñas irregularidades, lo verdaderamente sangrante del acoso de la DGS a Murillo y AMA es que es discriminatorio. A finales de enero el Tribunal Supremo se pronunció contra la multa que el Gobierno balear impuso a Banca March por aplicar el redondeo al alza en los préstamos hipotecarios. La entidad financiera apeló al Tribunal de Justicia de Baleares, que en julio de 2007 dio la razón al Gobierno otra vez. Pero Banca March no se rindió y elevó el caso al Tribunal Supremo, que ahora anula la multa por considerar que no es lícito sancionar a una persona u empresa concreta por algo que es notorio que practican cuantos se dedican a la misma actividad, aun cuando no hubieran sido denunciados por ello. A poco que uno mire, se pueden encontrar paralelismos...