"Todo tiene un límite. Ya tenemos los medicamentos más baratos de Europa"

P. ¿Qué representan para la industria farmacéutica las sucesivas medidas aprobadas por el Gobierno?
R. El Real Decreto 8/2010 viene a sumarse al Real Decreto 4/2010. En conjunto, la merma de ingresos anual supondrá unos 2.000 millones de euros, alrededor del 14% de la cifra de negocio de la industria farmacéutica en España.
Si tenemos en cuenta que el beneficio total del sector en 2009 fue de 1.000 millones de euros, es fácil deducir que entrará en pérdidas. Algunas compañías no podrán mantenerse en el mercado, fundamentalmente las de menor tamaño que no tengan diversificada su actividad.
Supondrá una restricción del proceso inversor, tanto en investigación como en actividades productivas e internacionalización. Además, esta menor capacidad inversora, sumada a la necesidad de reducir costes, se traducirá en destrucción de empleo. Si no se generan los suficientes ingresos como para poder mantener un ritmo normal en la actividad productiva, se deben reducir costes en cualquier ámbito. En este sentido, la colaboración de la industria con distintas instituciones públicas se reducirá considerablemente. La investigación que tradicionalmente han financiado las compañías farmacéuticas no sólo ha tenido lugar intramuros, sino también extramuros, como colaboraciones con centros públicos de investigación y universidades fundamentalmente. Esta investigación extramuros representa un tercio del total, e indudablemente se resentirá, ya que las empresas preferirán apoyar a sus propios equipos. Se verá afectada también la formación continua a médicos que la industria ya venía realizando con gran esfuerzo, lo cual puede generar efectos laterales muy fuertes. Lo mismo sucede con el programa "+i", que se había pensado para tres años pero finalmente se quedará en un año. Se trataba de la inversión de cantidades importantes en las distintas Comunidades Autónomas para generar una estructura tecnológica de gran valor, sobre todo para atraer inversión y desarrollar un tejido de excelencia en España que nos permitiera competir con otros países.
P. Y entra en escena el Gobierno vasco...
R. Efectivamente, la decisión de excluir del sistema de financiación determinados medicamentos originales podría tener repercusiones sobre la industria farmacéutica innovadora, ya que generaría un daño económico importante. En segundo lugar, afectaría a los pacientes, a los que se impediría el acceso a medicamentos que sí serían accesibles en el resto de las Comunidades Autónomas. En tercer lugar, a los médicos, ya que se perjudicaría su independencia en la prescripción, que es uno de los pilares sobre los que se sustenta nuestra Sanidad. Además, desde un punto de vista legal y jurídico, el Gobierno vasco está invadiendo competencias del Ministerio de Sanidad. En el Estado español las competencias están claras y quien tiene la potestad de definir la oferta de medicamentos es Sanidad.
En consecuencia, apelamos al Ministerio para que determine la legalidad de esta decisión unilateral y emprenda las acciones oportunas.

P. Este tema indigna especialmente a la industria...
R. Sí, porque no todo vale. Dejar fuera de la oferta un producto original por una decisión oportunista es ignorar el equilibrio en el que está basada la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. Por propia naturaleza, el genérico y el producto original son distintos. Desde que pierde la patente, este último necesita un determinado tiempo para llegar al precio del genérico, un tiempo lógico y admitido por la ley.
No nos negamos a que exista una política de promoción de los genéricos, pero respetando los derechos legales del medicamento original, que es el que durante los diez años que dura la patente se ha ganado la confianza de médicos y pacientes. Si un buen día el paciente debe sustituirlo por otro en el que la caja no es igual, el tamaño no es igual, el color no es igual y el excipiente tampoco, en ocasiones se desconcierta. Imaginemos a un paciente mayor polimedicado, cosa que hoy por hoy es bastante frecuente. Imaginemos su confusión si un día el envase es grande y otro pequeño, un día es en blíster y otro en frasco, un día la pastilla es azul y otro blanca...
En ocasiones, esta confusión disminuye la adherencia a los tratamientos, que es muy importante desde el punto de vista de la salud. Una prescripción eficiente es aquella que beneficia tanto al Sistema Nacional de Salud como al paciente, y no siempre es la más barata. La Consejería de Salud del Gobierno vasco no puede ignorar esta realidad.

No todo vale. Dejar fuera de la oferta un producto original por una decisión oportunista como la del Gobierno vasco va contra la Ley de Garantías

P. ¿La industria farmacéutica se siente chivo expiatorio?
R. Esto no es una película de buenos y malos. Desempeñamos nuestro papel de la forma que consideramos correcta, pero es innegable que en España existe una realidad: la Sanidad tiene un nivel de eficiencia muy elevado, cobertura universal, es casi gratuita e incluye en su oferta las terapias más novedosas, lo cual es excelente.
Tenemos unas prestaciones equiparables a las mejores del mundo, pero con unos recursos económicos muy inferiores a los que gestionan otros sistemas de salud. No existen los milagros. Si no se destinan los recursos necesarios para sostener el Sistema, si no se dedican más recursos a esto y no a otras cosas, es necesario reducir los gastos. Y si el 70% de los recursos se destinan a pagar al personal sanitario y a financiar medicamentos, sucede lo que sucede. Sin embargo, todo tiene un límite. Ya tenemos los medicamentos más baratos de Europa.
P. ¿Qué propone la industria como alternativa?
R. Siempre hemos defendido dos vías para intentar que se mantenga el nivel de prestación sin eliminar a los proveedores de bienes y servicios.
Una es destinar más recursos a la Sanidad, y esta es una decisión política. La otra consiste en que todos los implicados hagamos un uso responsable de los medicamentos y del Sistema Nacional de Salud en general. Y digo todos: médicos, industria, trabajadores sanitarios, administraciones públicas, pacientes, etc. No me voy a meter en si se están haciendo las cosas bien o mal, pero sí diré que las medidas que afectan al sector están equivocadas. Hacer las cosas bien o mal implica intencionalidad, y no creo que sea el caso. Sin embargo, la raíz del problema es el número de recetas, no el precio de los medicamentos. Estas medidas perjudican gravemente a un sector, pero no inciden sobre la demanda. Nuestra merma de ingresos es superior al ahorro que se obtiene reduciendo el sueldo a los funcionarios, al tiempo que la repercusión es mucho mayor, ya que todo el peso recae sobre los 40.000 individuos que trabajamos en el sector. Nadie ha pensado que se destruirían 5.000 puestos de trabajo directos y otros 15.000 inducidos. Habrá muchas empresas pequeñas que tendrán que cerrar o, como mínimo, soportar pérdidas muy cuantiosas, pero no por los avatares de la globalización, sino por un Real Decreto que baja los precios y las expulsa del mercado.

Tenemos unas prestaciones equiparables a las mejores del mundo, pero con unos recursos muy inferiores. No existen los milagros. Si no se dedican más recursos a la Sanidad, es necesario reducir los gastos

El problema son las recetas, no el precio de los medicamentos. Estas medidas perjudican a un sector, pero no inciden sobre la demanda

P. ¿Qué me dice del copago?
R. Es verdad que unos consumen más que otros, luego también parecería lógico que hubiese una cierta simetría entre el consumo y el pago, siempre teniendo en cuenta que nadie debe quedarse sin el mejor tratamiento por no poder pagarlo. Además, con la fórmula vigente, hay personas que aun teniendo niveles de ingresos muy bajos deben pagar cierta cantidad por los medicamentos que consumen porque están en activo, y otras que con rentas elevadas no pagan nada por el mero hecho de ser pasivas, lo cual crea desequilibrios. Es decir, un mayor esfuerzo por parte de determinados estratos de la sociedad podría significar una mayor equidad. Dicho esto, también debe quedar claro que deben ser las fuerzas políticas quienes definan cuál debe ser el nivel de esfuerzo de cada persona, pero existe un margen de mejora.
P. La relación de la industria con la farmacia no parece del todo buena...
R. Es cierto que últimamente ha habido fricciones. La farmacia no interpretó del todo negativamente la rebaja de precios propuesta inicialmente por el Gobierno mediante el Real Decreto 8/2010, y sin embargo sí rechaza la deducción del 7,5%, que nosotros consideramos menos negativa. Pero en ningún sitio está escrito que el ahorro presupuestario deba ser incompatible con el desarrollo de la industria, ni que el desarrollo de la industria deba ser incompatible con el desarrollo de las farmacias. Hay que hacerlos compatibles. Sin embargo, la relación con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos suele ser impecable. Es una relación de lealtad, de diálogo y de permanente búsqueda de consenso.

Somos la industria que quisiera tener cualquier país, pero es cierto que nos cuesta trasladar el mensaje y no entendemos por qué

P. ¿A qué cree que se debe la mala prensa de la industria farmacéutica?
R. Es una paradoja que una industria que vende, pero también investiga, desarrolla y descubre el bien que más aprecian los ciudadanos, que es el medicamento, sea uno de los sectores a los que menos valor les atribuye la sociedad.
No tiene explicación por mucho que se hayan cometido errores en el pasado. Dado el coste desorbitado del proceso de generar un nuevo medicamento, la industria representa la esperanza de que se curen dolencias que hoy no se curan y de que mejore la calidad de vida de quienes padecen enfermedades congénitas o crónicas aunque no sean mortales. Esta idea debería ser suficiente para cambiar el concepto que se tiene del sector. No obstante, cuando hemos hecho encuestas específicas, ha resultado que esa mala imagen es un mito. Somos la industria que quisiera tener cualquier país: no contaminamos, generamos empleo altamente cualificado, tenemos una altísima productividad, somos intensivo en I+D+i, proveemos de productos que son un bien social, aplicamos rigurosamente el código deontológico que la sociedad demanda. Somos todo eso, pero es cierto que nos cuesta trasladar el mensaje y no entendemos por qué.