Mato hiere

Las medidas de reforma de la sanidad pública que están en discusión, y siendo contestadas por distintos sectores sociales y profesionales, tienen como idea central el control de las personas que puedan utilizar los servicios sanitarios públicos con el fin de terminar con abusos y consumos excesivos de los mismos.
Pero la esencia del cambio que se prevé puede suponer una vuelta atrás en los derechos ciudadanos que contempla Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que podría ocurrir que no todas las personas que que vivan en España tengan derecho a ser atendidas y ser beneficiarias del SNS.
Hemos de recordar que, aunque nuestro sistema sanitario tuvo un origen basado en la filosofía ‘bismarckiana’, como correspondía a la influencia germánica de la dictadura, a finales de los noventa, aprovechando el déficit de la Seguridad Social con el Estado y la consiguiente compensación, se logró abrir las puertas con ajustes contables a un mayor Estado Social en lo que al acceso a los servicios sanitarios se refiere; es decir, financieramente, se optó por el deseable modelo inglés basado en los principios de Beveridge.
Así, la sanidad pública pasaba a ser financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado y no por la Seguridad Social, cuya caja eran las cuotas de empresarios y trabajadores en activo como parte de esa –la otra– macroeconomía paralela.
Dicho esto, la realidad es que los conservadores, como nuestra ministra, independientemente de las razones que unos y otros hayan tenido a lo largo de la historia, han sido los grandes transformadores de los modelos sanitarios occidentales.
Por tanto, terminar con los abusos, establecer controles, suprimir el turismo sanitario –y no solo latinoamericano y africano, sino también europeo–, racionalizar el consumo parasanitario, etc., son medidas que hemos de apoyar, pero sin retrotraer los derechos sociales a épocas superadas.