Sanidad pública vs privada
La crisis económica que atraviesa España ha llamado la atención sobre el verdadero valor de algunos servicios básicos que las diferentes administraciones públicas se han visto obligadas a suspender ante la caída de sus recursos económicos. Uno de los servicios básicos más afectados es el de la sanidad pública que ha visto como muchos servicios de asistencia sanitaria han tenido que cerrarse ante su inviabilidad económica. Por todos es conocído que la sanidad pública no está para cubrir necesidades como por ejemplo las de la estética, muy particularmente en el área de los tratamientos dentales tanto más si se acercan a la disciplina estética.
El debate sobre el modelo de sanidad español, siempre presente en la sociedad, ha vuelto a aflorar, si cabe con mayor virulencia, en este entorno de crisis. Un debate que discute el papel de la sanidad pública, el de la privada y sus límites. Una contraposición de pareceres y de intereses que es también una discusión sobre el papel que ha de ocupar la asistencia sanitaria en el modelo del estado de bienestar español.
Un debate que se mueve sobre los mismos lugares comunes y que hace cada día preguntarse a todos los españoles si se apuesta por la sanidad pública o privada. Con argumentos como los de que la sanidad privada es más eficiente que la pública, que toda mejora del sistema público de asistencia sanitaria supone un esfuerzo económico difícilmente justificable o que la solución más viable para gestionar con eficiencia la sanidad de todos en España pasa por privatizar el conjunto de los servicios.
Sanidad pública en España, necesidades de mejora
La buena administración de la sanidad pública en España tiene que ver con las inversiones, con la modernización de los servicios, pero también con un cambio en las reglas de juego. Las malas prácticas profesionales, la falta de coordinación y la excesiva politización del ámbito sanitario son algunos de los desencadenantes de un caudal continuo de desajustes, despilfarros y faltas de control que, contabilizados, suman millones y se vuelven en contra de la propia eficiencia de los servicios.
Se trata de emplear reglas comunes de espíritu democrático, consensuadas, de ofrecer reglamentos de control sobre corrupciones y nepotismos, de establecer fórmulas de transparencia, de participación y de códigos de conducta sobre los que se hayan de rendir cuentas. En la realidad de las cosas, a lo que se enfrenta la administración sanitaria pública frente a esas reformas de base es a un régimen estatutario rígido que convierte al médico y a la enfermera en un funcionario público.
Ese sistema estatutario otorga por ejemplo a los médicos un nivel de independencia similar al de los jueces, también para evitar injerencias como agentes de salud de sus pacientes, más allá de toda presión. Ese sistema favorece su actuación, pero también lo aleja de la profesionalización. A los médicos de la sanidad pública Española no se los mide tanto por sus conocimientos sino por el hecho de serlo.
El sistema excesivamente funcionarial de la medicina pública en España hace que se den problemas de asistencia difíciles de justificar. Un hospital que aspire a cubrir una plaza de facultativo ha de tener en cuenta la serie completa de horarios y retribuciones a que tendrá derecho en la oferta pública de empleo y el médico que cuenta con más puntos en una escala de los disponibles. Médico que, en muchos casos, no tiene la especialización requerida para la tarea específica que precisa el hospital y para la que en realidad debe ser contratado. Los puntos están por encima de los conocimientos médicos.
Quienes están a favor del modelo público actual de sanidad creen que el estatuto médico favorece que el facultativo defienda los intereses de los pacientes por encima de los de los que les pagarían en el caso de la sanidad privada. Y todo, cuando las retribuciones variables de la sanidad privada están en una media del 20%.
Una relación estatutaria que, por otro lado, también coloca a los médicos públicos al margen de los vaivenes políticos. Una perspectiva que, desde el punto de vista del profesional de la sanidad pública supone renunciar a retribuciones a cambio de estabilidad en el empleo.
Pero para cambiar las reglas de la pública para todos, también deberían modificarse los criterios de selección de los gestores sanitarios que, a diferencia de los médicos, no llegan a sus puestos siguiendo un proceso de selección previo. Así, esa eficiencia de la gestión de la sanidad pública pasaría también por profesionalizar y tener en cuenta los méritos para nombrar por ejemplo a los directores de los hospitales en un proceso de concurrencia abierto, transparente y democrático.
El modelo de mejorar las retribuciones variables del personal médico en la sanidad pública puede ser una solución, si se las vincula a una serie de variables indicativas que ofrezcan una radiografía de cómo se gestiona el servicio sanitario vinculado. Como se ha indicado la media en la empresa sanitaria privada está en un 20% y en un sistema de salud público como el valenciano no llega al 5%. Sin embargo, este sistema, aplicado desde hace años en el Reino Unido no sólo no ha dado resultados, sino que ha visto como se han pervertido sus fines.
Los incentivos, en cualquier caso, son difíciles de configurar. Mantener por ejemplo a los hipertensos vinculados a un centro de salud con valores inferiores a 140/90 milímetros de mercurio puede conseguir notables éxitos médicos, pero también que el esfuerzo de los facultativos primados se centren en los pacientes que están más sanos porque es más fácil bajar de 145 a 140 milímetros que hacerlo desde tasas de 180 milímetros. Resulta fácil que habilitar incentivos se convierta en una fórmula que pervierta la bondad de los principios que llevaron a su aplicación.
Sanidad privada en España
El debate polarizado entre sanidad pública o privada en España se orienta por intereses del sector privado a destacar que las grandes inversiones en infraestructuras y dotaciones a la sanidad pública son una pérdida que el sector privado, con sus fórmulas de gestión empresariales, acabarían por convertir en eficientes.
Ahí está la voluntad del sector privado por conocer de cerca cuales pueden ser sus oportunidades de negocio con los sonados casos de las llamadas ‘puertas giratorias’, directivos de la sanidad pública encargados de controlar las concesiones sanitarias privadas que acaban formando parte de la dirección de las empresas que vigilaban.
Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana y la de Madrid se han significado como valedoras de esta fórmula ante la caída de ingresos, llegando incluso a poner en las manos de las empresas de sanidad privada el desarrollo de inversiones en infraestructuras. Paradójicamente, los Gobiernos centrales españoles no han hecho mucho por realizar reformas en la sanidad pública de nivel en la dirección de esa misma eficiencia.
La gestión, la forma de acceso y la escalada dentro del sistema público, así como la retribución de los profesionales es tan solo una parte del debate sobre sanidad pública o privada, otros como los costes de adquisición de los fármacos o la formación de los profesionales de la salud (entre ellos los cursos online de formación sanitaria como nueva metodología) se alimentan de argumentos que se clonan a sí mismos, tal vez el punto medio para alcanzar un nivel médico que esté a la altura del estado de bienestar en España esté en hacer de verdad más eficiente la sanidad pública y más convergente a la privada con los criterios en los que se basa la de todos.
